La dependencia de las mujeres del mercado negro para acceder a los abortos con medicamentos significa que es posible que no sigan las mejores prácticas médicas. Cuando C., una maestra de 24 años de Recife, le compró misoprostol a un traficante de drogas el año pasado, buscó en Google para saber cómo tomarlo. “Como era ilegal, no había información sobre cómo ingerirlo o qué tomar”, dijo.
En su búsqueda encontró recomendaciones para insertar las tabletas en su vagina, como lo haría un médico si estuviera en una clínica, pero leyó que podrían quedar rastros y eso la delataría si tenía que ir a un hospital; en cambio, las disolvió debajo de la lengua, un método que también funciona, pero es menos rápido.
C., que pidió ser identificada solo con la inicial de su segundo nombre por temor a ser procesada, sangró durante semanas y quería pedirle consejos a su madre, una ginecóloga. Pero su madre es una activista contra el aborto. Finalmente, C. dijo que pensó que había tenido un aborto espontáneo y su madre la llevó a ver a un colega que le realizó una dilatación y legrado bajo anestesia.
“Cuando me hacían el legrado, tenía que decirme una y otra vez: ‘No digas nada, no puedes decir nada’, era una tortura”, dijo. “Aunque estaba totalmente segura de que quería un aborto, no tenía dudas, todavía sientes que has hecho algo mal porque no puedes hablar de eso”.
La restricción del misoprostol ha complicado la atención obstétrica habitual, que utiliza el fármaco para la inducción del parto, dijo Derraik. En la maternidad pública de Río donde es directora médica, un médico debe llenar una solicitud por triplicado del medicamento, hacer que lo firme Derraik, y llevarlo a la farmacia donde el supervisor también debe firmar antes de sacarlo de un gabinete cerrado con llave. Luego el médico debe administrar el fármaco con un testigo, para asegurarse de que no se desvíe para la venta en el mercado negro.
