GUANAJUATO, México — Verónica Cruz pasó años desafiando la ley en México, al ayudar a miles de mujeres a abortar. Ahora que México ha declarado que el aborto ya no es un delito, Cruz y activistas como ella están planeando llevar su misión a un país que se mueve en la dirección opuesta: Estados Unidos.
En Estados Unidos, las restricciones al aborto se han multiplicado durante años, incluso justo al otro lado de la frontera con México, en Texas. Ahora la Corte Suprema está considerando un caso que podría disminuir o anular completamente el caso Roe vs. Wade, la sentencia de 1973 que estableció el derecho constitucional al aborto. Eso probablemente desencadenaría nuevas restricciones en al menos 20 estados.
Pero en gran parte de América Latina, donde el acceso al aborto está muy limitado desde hace tiempo, grupos feministas muy organizados distribuyen desde hace años los medicamentos que inducen el aborto, lo que dificulta que los gobiernos apliquen las prohibiciones del procedimiento.
Cruz y otras activistas planean ayudar a transportar a México a las mujeres de Texas y otras estadounidenses que quieren abortar. La idea es crear redes para llevar las píldoras abortivas al norte de la frontera o enviarlas por correo, algo que ya han empezado a hacer y que ahora planean ampliar.
“No tenemos miedo”, dijo Cruz. “Estamos dispuestas a enfrentar esa criminalización. ¿Por qué? Porque vale más la vida de las mujeres que su ley”.
La estrategia es muy polémica, porque implica a activistas extranjeras que trabajan directamente para socavar la legislación estadounidense. También ilustra lo que los activistas de ambos lados del debate sobre el aborto ven como una nueva frontera de la batalla: la capacidad del gobierno para controlar el aborto cuando las mujeres pueden realizarlo en la intimidad de sus hogares, con píldoras que están más disponibles que nunca.
El jueves, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su sigla en inglés) dijo que los fármacos abortivos pueden entregarse por correo, haciendo permanente una medida promulgada a causa de la pandemia y ampliando el acceso de las mujeres que tienen dificultades para llegar donde un proveedor para interrumpir su embarazo.
Pero varios estados prohíben la entrega de estas píldoras por correo, o siguen exigiendo que los medicamentos sean dispensados por los proveedores en persona, además de otras restricciones en su uso.
En Texas, una nueva ley prohíbe a los médicos suministrar píldoras para inducir el aborto después de las siete semanas de embarazo, y añade penas de cárcel y una multa de hasta 10.000 dólares para quien envíe por correo o entregue la medicación.
Los expertos legales dicen que estas leyes pueden ser impugnadas después de la decisión de la FDA, sin embargo, por ahora, estas medidas estatales podrían disuadir a los médicos estadounidenses de enviar píldoras a partes del país con regulaciones restrictivas.
“Por primera vez, Texas tiene una forma de proteger a las mujeres, a través de nuestro derecho penal, de las personas que traen píldoras abortivas peligrosas”, dijo Joe Pojman, director ejecutivo de la Alianza por la Vida de Texas, una organización que ayudó a elaborar la medida. “Tendremos que esperar a ver cómo se aplica en los próximos meses”.
Los grupos antiabortistas reconocen que castigar penalmente a las activistas que distribuyen las píldoras, especialmente si son de México, puede resultar difícil. Tendrían que ser atrapadas y detenidas en Texas, o extraditadas, dicen los expertos.
“Esto es un ataque realmente terrible y sin ley contra la vida”, dijo John Seago, director legislativo de Texas Right to Life, sobre el plan de las activistas mexicanas para ayudar a las mujeres de Texas a abortar, y añadió que esos esfuerzos “harían absolutamente más difícil hacerlo, hacer cumplir estas leyes”.
Rebecca Gomperts, líder de Aid Access, un grupo con sede en Austria que proporciona píldoras abortivas a mujeres de todo el mundo, confirmó que ha estado recetando la medicación a mujeres en Texas —que luego reciben los fármacos por correo desde una farmacia en la India— incluso después de que la ley del estado entrara en vigor este mes.
El medicamento misoprostol, creado originalmente para tratar las úlceras de estómago, pero que también induce el aborto, ha cambiado drásticamente el acceso al procedimiento en todo el mundo al ofrecer a las mujeres un método seguro, eficaz y a menudo barato para interrumpir sus embarazos en privado.
Tomar el fármaco, solo o en combinación con otro llamado mifepristona, provoca lo que se llama un “aborto con medicamentos”.
En toda América Latina, redes de activistas que trabajan al margen del sistema legal entregan las píldoras a las mujeres y las guían en el uso de la medicación para interrumpir el embarazo.
Los grupos, a menudo en coordinación con aliados en la comunidad médica, utilizan un modelo que ahora se conoce como “acompañamiento”, en el que distribuyen las píldoras y también proporcionan asesoría médica y apoyo psicológico a las mujeres en una región profundamente católica en la que los abortos suelen ser rechazados y prohibidos.
La llegada del misoprostol y la mifepristona fue “revolucionaria”, dijo Giselle Carino, directora ejecutiva de Fòs Feminista, una alianza internacional de grupos de salud. “Pero no habría sido tan eficaz para salvar la vida de las mujeres sin las redes feministas de acompañamiento y los profesionales de la salud dispuestos a participar en la desobediencia civil”.
Cruz, la activista mexicana, ayudó a fundar una organización llamada Las Libres en 2000. Empezó a llamar a las puertas de los ginecólogos en su estado, el conservador Guanajuato, pidiéndoles que proporcionaran abortos gratuitos a las víctimas de violaciones.
Unos años más tarde, uno de los médicos con los que había estado trabajando volvió de una conferencia con una noticia: había una píldora que podía provocar abortos en casa de forma segura. El misoprostol se puede conseguir sin receta en México, y la Organización Mundial de la Salud tiene un protocolo para administrarlo para realizar abortos en las primeras 12 semanas de embarazo.
“Fue cuando supe: ‘nosotras lo vamos a poder resolver’” dijo Cruz. “Entonces no necesitamos a los médicos”.
En aquel entonces, las píldoras eran excesivamente caras. Así que, cuenta Cruz, ideó una estrategia: una mujer que pudiera permitirse comprar el medicamento se quedaría con las pastillas sobrantes después de su procedimiento, y luego pasaría la caja a la siguiente mujer que la necesitara, mientras la entrenaba en el proceso.
The State of Abortion in the U.S.
“Y así se fueron creando las primeras redes, orgánicas”, dijo Cruz. El objetivo, dice, nunca fue solo proporcionar abortos. Era convertir a cada mujer mexicana en alguien que pudiera ayudar a otra a abortar.
El grupo de empleadas que trabaja con Las Libres tiene cajas de medicamentos, que compran o reciben como donaciones, esparcidas por todas partes: en sus carros, en sus casas, incluso en sus bolsillos. A cada mujer que acude al grupo se le asigna una “acompañante” que le lleva las pastillas y luego la sigue, mediante videollamadas, llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp, en cada paso del aborto.
Un estudio reciente sobre más de 900 personas en Nigeria y Argentina, publicado en la revista médica The Lancet, descubrió que acompañar a las pacientes en la gestión de sus propios abortos es “altamente eficaz y seguro”. En el 97 por ciento de las personas encuestadas, el acompañamiento permitió que el aborto fuera completo, es decir, que no se necesitara una intervención quirúrgica de seguimiento para finalizarlo. Para las mujeres que viven bajo estrictas prohibiciones de aborto, también es difícil de detectar.
Erika Sandoval, de 23 años, dijo que abortó en su casa este mes en México después de enviar un mensaje de texto a una activista del grupo de Cruz. Consiguió la medicación a través del hermano de la activista, siguió las instrucciones que le llegaron en un mensaje de voz y terminó el proceso dos días después.
“Todo esto a partir de un mensaje de voz”, dijo en una entrevista dos días después de tomarse la última píldora.
Sofía, también de 23 años, dijo que tomó la medicina en la casa que comparte con sus padres en México, cerrando la puerta de su habitación mientras enviaba mensajes de texto a una mujer del grupo de Cruz. Cuando terminó, dijo, les dijo a sus padres que se había sentido mal después de comer tacos.
“Me hicieron sopa de pollo”, dijo. Sus padres nunca se dieron cuenta de lo que había pasado, y Sofía pidió que solo se la identificara por su nombre de pila para que no se enteraran.
En septiembre, días después de que Texas comenzara a promulgar una nueva prohibición de los abortos después de las seis semanas de embarazo, la Suprema Corte de Justicia de México dictaminó que el aborto ya no podía ser tratado como un delito. Cruz y sus colegas no tardaron en idear un plan para trabajar con los grupos de salud reproductiva de Texas en la tarea de facilitar a las mujeres del estado la interrupción de sus embarazos en casa.
Decenas de activistas se reunieron en enero para elaborar la estrategia. Una de ellas, Crystal P. Lira, dijo que ya ha llevado píldoras de Tijuana a California, y luego las ha enviado a Georgia, Indiana, Massachusetts y Texas.
Cruz dijo que las nuevas leyes de Texas no les impedirán cruzar la frontera con medicamentos para el aborto, incluso si eso significa arriesgarse a ir a la cárcel.
“Si esa es la única forma en la que la gente va a tomar conciencia de que lo que el Estado está haciendo es una violación mayor de derechos humanos”, dijo, entonces “sí”.
