BOGOTÁ, Colombia — Durante varias décadas las activistas por el derecho al aborto en América Latina observamos a nuestras colegas del norte global para aprender las mejores herramientas de litigio y defensa. Considerábamos los avances graduales conseguidos en el pasado con el caso Roe contra Wade en Estados Unidos como un modelo para triunfar en nuestra propia lucha.
Pero mientras la marea verde feminista recorre la región, es decir quienes usamos pañuelos verdes y defendemos el derecho al aborto, este verano la Corte Suprema de Estados Unidos podría hacer retroceder el derecho al aborto. La inspiración entonces viene ahora del sur y no del norte gracias a los esfuerzos coordinados de muchas activistas latinoamericanas.
En Colombia existía una prohibición total del aborto hasta 2006, cuando la Corte Constitucional sentenció que el aborto fuera permitido de manera legal cuando la salud y la vida de la mujer estuvieran en peligro, el feto fuera incompatible con la vida fuera del útero o el embarazo fuera consecuencia de una violación. Sin embargo, varias mujeres encontraron obstáculos para acceder al derecho de aborto legal como los muchos requisitos médicos para demostrar que cumplían las condiciones. Otras que accedían al aborto (o que ayudaban a una mujer a conseguirlo) podían ser condenadas hasta a cinco años de prisión.
En septiembre de 2020, el movimiento Causa Justa, una coalición de la que forma parte el Centro de Derechos Reproductivos, presentó una demanda para que la Corte Constitucional de Colombia despenalizara el aborto. Argumentamos que el aborto es un servicio de salud esencial que no debía ser regulado bajo el derecho penal. En febrero pasado la Corte despenalizó el aborto hasta la semana 24 y también pidió al Congreso que creara un reglamento para aplicar la sentencia. En un cambio transformador para el país mayoritariamente católico, ahora somos el tercer país de América Latina en despenalizar el aborto en el último año, detrás de México y Argentina.
Esta sentencia histórica se emitió mientras mis colegas de Estados Unidos defienden el derecho al aborto en un caso que podría anular medio siglo de derechos reproductivos. También mis colegas de Europa participaron con intervenciones legales en casos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al destacar los daños de la prohibición casi total del aborto en Polonia. Hace una década pocos podrían haber imaginado que América Latina, que tiene algunas de las leyes de aborto más restrictivas del mundo, se convertiría en un punto de referencia para los avances en materia de derechos sexuales y reproductivos.
Las mujeres de todo el mundo estamos conectadas por nuestras luchas comunes para superar la discriminación que sufrimos simplemente por nuestro género. Los logros alcanzados con tanto esfuerzo en América Latina son el resultado de décadas de organización, movilización y empeño para cambiar la conversación en torno al aborto y, lo que es más importante, el trabajo conjunto para lograr el cambio.
En Colombia, Causa Justa presentó una demanda liderada por el Centro de Derechos Reproductivos, La Mesa por La Vida y La Salud de las Mujeres, Women’s Link Worldwide, Católicas por el Derecho a Decidir y Grupo Médico por el Derecho a Decidir en nombre de otras 90 organizaciones y más de 130 activistas. Este trabajo en equipo es solo una de las estrategias que reforzaron la lucha por nuestros derechos fundamentales. Las feministas de toda la región hemos sabido adaptarnos de forma colectiva a los retos locales.
Pero eso no fue suficiente para cambiar el Código Penal. La forma de pensar y de hablar sobre el aborto también tuvo que evolucionar. El movimiento le apostó también a despenalizar socialmente el aborto. Luchamos con empeño para remover estigmas y combatir la desinformación sobre el tema. Llevamos nuestros mensajes a las calles y a las redes sociales. Personas defensoras de derechos y celebridades se manifestaron en redes y en actos públicos para apoyar el derecho de las mujeres a decidir. En un vídeo, artistas, actores, activistas e incluso mujeres católicas, explicaron que quienes solicitan un aborto están más allá de las fronteras sociales, políticas y religiosas.
Fue crucial que las organizaciones nacionales tomaran la iniciativa. En Colombia, era necesario entender qué obstáculos encontraban las mujeres para acceder al aborto y cómo se las criminalizaba. La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, organización pionera del Movimiento Causa Justa, recorrió todo el país para hablar con las mujeres y documentar lo que ocurría.
Las investigaciones descubrieron que la mayoría de las mujeres que enfrentaban consecuencias legales por abortar o por ayudar a alguien a hacerlo tenían bajos ingresos y vivían en zonas rurales y remotas. También descubrieron que las mujeres que vivían en esas zonas tenían más probabilidades de sufrir complicaciones por abortos inseguros. Esta información no solo fue fundamental para la demanda sino para cambiar los términos del debate sobre el aborto en Colombia.
Nuestra lucha está lejos de terminar. En países como El Salvador y Honduras, el aborto sigue estando prohibido y penalizado en todas las circunstancias. Mientras tanto, las activistas colombianas seguimos unidas para garantizar que se aplique la decisión de la Corte Constitucional. Y a medida que algunos de los países más grandes de la región adoptan una postura más progresista en materia de derechos reproductivos, tenemos motivos para ser optimistas.
Si la Corte Suprema de Estados Unidos hace retroceder la protección constitucional del aborto este año, la medida repercutiría en todo el mundo. Mientras tanto, las mujeres latinoamericanas seguiremos acumulando conocimientos y trabajando más allá de las fronteras en la lucha por garantizar los derechos de todas. Tal vez nuestro enfoque pueda ser útil para nuestras hermanas del norte global, a las que hemos mirado durante tantos años en busca de aprendizajes.
Catalina Martínez Coral (@catamartinezc) es la directora regional senior del Centro de Derechos Reproductivos para América Latina y el Caribe
